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Los participantes del ecosistema de energías renovables recurrirán a instancias legales para defender sus inversiones de los cambios que se pondrán en marcha tras la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. “Vamos a recurrir a los mecanismos legales disponibles para salvaguardar nuestros derechos como inversionistas. Estamos obligados por nuestra responsabilidad fiduciaria”, han afirmado la Asociación Mexicana de Energía Eólica y la Asociación Mexicana de Energía Solar en una declaración conjunta emitida la tarde de este jueves.

Y es que, derivado de la ley, uno de los sectores que verán más impacto en sus operaciones son el dedicado a la generación a partir de métodos renovables. Las plantas que generen energía solar o eólica han sido colocadas casi al final de la fila del despacho de energía para privilegiar a la electricidad producida por las centrales de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). La reforma a la ley es solo el último cambio regulatorio que ha impactado al sector. Antes de la iniciativa, este mercado ya había recibido el golpe del acuerdo publicado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en abril pasado, que ponía en pausa una serie de pruebas para que las plantas solares y eólicas entraran en operación, y la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía que marcaba un cerco a este tipo de compañías. Pero ahora el sector también verá una pausa a sus inversiones, toda vez que la administración suspendió ya en lo legal las subastas eléctricas y limitará los permisos de generación a compañías privadas. Las organizaciones aseguran que la reforma impedirá el despliegue de nuevos proyectos de generación que serían desarrollados hacia 2024, con una inversión cercana a 11,000 millones de dólares. Los participantes del sector defienden que los cambios a la ley son violatorios de derechos constitucionales –como el referente a la libre competencia y a la no retroactividad de la ley– y a disposiciones contenidas en tratados internacionales. “La reforma potencialmente viola múltiples acuerdos de protección de inversiones y tratados internacionales, al provocar que las inversiones en el sector eléctrico pierdan su valor. Con ello, México incurre en expropiaciones indirectas de los activos desplegados por los generadores de electricidad privados”, dice el texto. Esta no es la primera vez que los miembros del sector acudirán a instancias legales para frenar los cambios puestos en marcha por esta administración. Las compañías han interpuesto una serie de amparos ante los juzgados en competencia para frenar algunas de las medidas del gobierno federal. Y hasta ahora, en la mayoría de los procesos, se han visto favorecidos.

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