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La empresa mexicana Libre Abordo se declaró en quiebra luego de acusar que, “por presiones políticas”, sus acuerdos de intercambio de alimentos por petróleo con Venezuela se desmoronaran, lo que generó pérdidas “irreversibles” por más de 90 millones de dólares.

“Tanto Libre Abordo como su empresa relacionada Schlager, se han enfrentado en los últimos meses a retos desproporcionados; desde la caída en los precios del petróleo, llegando a su nivel más bajo en décadas, pasando por diversas campañas de desprestigio atribuidas a grupos empresariales y políticos con fuerte influencia, y hasta la presión que el gobierno de los Estados Unidos ha ejercido para detener nuestras operaciones”, indica la firma en un comunicado. En marzo de este año la agencia de noticias Reuters informó que Libre Abordo, empresa sin experiencia en el ramo petrolero, había aparecido en los programas de carga de Petróleos de Venezuela (PDVSA) como una de las pocas empresas en lista para tomar crudo del país sudamericano. Según el informe, Libre Abordo había recibido cerca de 7.2 millones de barriles de crudo venezolano desde diciembre en seis grandes embarques con destino a Asia, y tenía uno más en proceso de carga,mientras que Schlager tenía previsto tomar 2.4 millones de barriles de crudo pesado venezolano con destino a Singapur. El acuerdo se dio en un momento donde Estados Unidos endurecía las sanciones contra PDVSA, disuadiendo a potenciales compradores de recibir crudo venezolano. Por ello, la compañía refiere que el país sudamericano se ha salido del trato. “Desde el inicio de nuestras operaciones, en el año 2010, Libre Abordo se ha enfocado en proveer servicios de comercio internacional, relacionados principalmente con la distribución de ayuda humanitaria a poblaciones vulnerables en diversos países alrededor del mundo. Desafortunadamente, hoy la empresa se encuentra en quiebra e, incluso, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado el fin de nuestros acuerdos de intercambio”. En el documento, la empresa afirma haber contado con asesoría de despachos de abogados especializados en sanciones relacionadas con las Órdenes Ejecutivas del gobierno de Estados Unidos, por lo que las barreras les tomaron por sorpresa. “La gran mayoría de estos despachos estuvieron siempre convencidos de que nuestras aportaciones de Ayuda Humanitaria de ninguna manera resultan sancionables bajo la Órdenes Ejecutivas 13850 y 18884, y que incluso el Departamento del tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica avalaba nuestra labor a través de la denominada Licencia General 4C”, indica.

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